La Asociación de Empresarios Salmantinos del Comercio (AESCO), integrada en CES, acoge con moderada satisfacción el acuerdo de prórroga de los ERTEs alcanzado ayer entre el Gobierno, CEOE y sindicatos y valora positivamente que el Ejecutivo haya renunciado finalmente a la sectorialización de estas ayudas, una postura que había mantenido hasta unas horas antes de la reunión y que suponía dejar fuera de la extensión de los ERTEs a algunos sectores como el comercio, uno de los más damnificados por la pandemia del Covid-19.
Y es que el sector del comercio no sólo supone buena parte de la riqueza y empleo en España (concentra 3,2 millones de empleos y el 13% del PIB nacional), sino que, además, es también uno de los sectores con mayor número de trabajadores acogidos al ERTE, superando los 107.000 personas, entre comercio al por mayor y al por menor, según las últimas cifras del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicadas a cierre de agosto.
Sin embargo, tanto desde AESCO como desde la Confederación Española de Comercio (CEC), de la que es miembro, se ve insuficiente este acuerdo si no está acompañado de un plan de reactivación urgente para salvar a un sector del que dependen más de 20.000 familias en la provincia de Salamanca, y se muestran cautelosos acerca de su efectividad que, pese a suponer indudablemente un avance, por sí solo difícilmente podrá frenar los cierres que ya se están produciendo en el comercio, por lo que reclaman que, junto a estas nuevas medidas, se ponga en marcha también de forma urgente un plan estratégico de reactivación que evite una catástrofe en el sector.
Puntos débiles
Entre otros puntos, preocupa la no exoneración en las cuotas de la Seguridad Social para los ERTEs que se encuentran actualmente vigentes, a diferencia de los nuevos expedientes para los que sí se contemplan exenciones decrecientes en función del mes y número de trabajadores. Para ambas organizaciones, en un contexto tan complicado como el actual, es de vital importancia para el comercio que todos los negocios que se encuentren en una situación de vulnerabilidad puedan contar con esta protección.
El clima general de incertidumbre, con los rebrotes y la delicada situación económica, ha provocado una drástica ralentización del consumo en el sector, que está registrando una reducción de la actividad de hasta el 50% en muchos subsectores y previsiones de cierre que, a nivel nacional, alcanzan al 50% del sector a final de año, lo que supondría la desaparición de casi 250.000 establecimientos y 600.000 puestos de trabajo.
Por todo ello, AESCO y la CEC urgen al Ejecutivo a adoptar también lo antes posible medidas específicas sobre el problema de los alquileres comerciales, que está asfixiando a los pequeños negocios. Medidas de apoyo fiscal y financiero que garanticen la liquidez a los comercios, el aplazamiento del pago de la deuda tributaria y condonación del pago de tributos, la reducción drástica del recargo de equivalencia o garantizar las mismas normas de funcionamiento para todos los operadores de comercio con independencia de que el canal de venta sea físico u online, son otras de las medidas inmediatas que solicita el sector.
